Posteado por: tucidides | 7 octubre 2009

En juego la calidad de la educación universitaria

octubre 6, 2009

 

Por: Karisa Cruz Rosado y Jéssica Ríos Viner

De: Diálogo

La educación superior de Puerto Rico se podría ver en serios aprietos si se ejecuta la orden de despidos de la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal de Puerto Rico (JREF), que recortaría más del 50 por ciento del personal del Consejo de Educación Superior (CES).

Por lo pronto, sólo reina un ambiente de incertidumbre por los pasillos del Consejo, ya que la mano que firmaría las tajantes misivas aún no ha estampado su rúbrica.

El CES, oficina encargada de licenciar a las instituciones de educación superior en la Isla, quedaría inoperante con los recortes, el cual elimina al 54 por ciento de sus empleados. En estos momentos hay 57 personas laborando, sin embargo son 27 los que recibirían la comunicación de cesantía.

“El efecto dominó de este plan de despidos implica un futuro desalentador para la calidad de la educación en el País”, dijo a Diálogo Digital la directora ejecutiva del CES, Viviana Abreu. La también doctora en ciencias políticas recibió, a la mano, durante la tarde del martes 6 de septiembre un memorando de la JREF que advierte sobre las consecuencias que podría implicar no entregar las cartas de despido: el caso sería referido al Ejecutivo, pues supuestamente estarían incumpliendo con las disposiciones de la Ley 7.

La doctora aclaró que reducir -todavía más- el personal del CES prácticamente anularía su funcionamiento. Abreu denunció que el CES trabaja de forma precaria desde la primera etapa de cesantías de la Ley 7, por lo que con esta nueva fase dictada le sería imposible llevar a cabo las funciones. En la primera ronda de cesantías los 9 analistas con los que contaba el Consejo se redujeron a 4, y con el anuncio reciente se reducirían a 2.

“A este limitado recurso humano se le haría imposible trabajar con la oferta de las 107 instituciones de educación superior en la Isla”, recalcó Abreu.

“El CES entiende que esta determinación va en detrimento de una política pública que debe ser encaminada al desarrollo y fortalecimiento de la educación en Puerto Rico, en todos los niveles”, insistió la académica.

Si las instituciones de educación superior no están licenciadas no pueden ser acreditadas, lo que impide que reciban fondos federales y elimina la posibilidad de que los estudiantes obtengan los dineros de la Beca Pell, entre otros beneficios. En la actualidad, las instituciones de educación superior reciben cerca de 800 millones de dólares por concepto de las mencionadas ayudas federales, de las cuales unos 220 mil estudiantes son beneficiarios. De esta forma, la Directora Ejecutiva subrayó que “si el Consejo no puede llevar a cabo el proceso (de licenciamiento) no solo se afecta la calidad de la educación sino la nueva oferta académica, al no poder garantizar que esté disponible”.

Desde 1992, el Consejo ha velado por la calidad de la oferta académica de las distintas instituciones universitarias, otorgando las licencias necesarias para la acreditación por parte de la Middle State Association, tanto de universidades públicas como privadas, así como institutos de educación técnica. Esta es una de las funciones principales que el CES tiene a su cargo, además de distintos programas de becas y ayudas económicas para estudiantes de bajos recursos, maestros y estudiantes de maestría y doctorado, así como la supervisión del programa federal No Child Left Behind.

“Si una institución no tiene licencia no puede funcionar en Puerto Rico”, indicó el analista de programas del CES, David Báez, encargado de coordinar el Programa de Becas y quien lleva 13 años laborando para el CES y está en el grupo de los 27 posibles cesanteados. Asimismo, señaló que “la educación superior de un País es la clave para el desarrollo social del mismo”.

Por su parte, Gladys Aponte del Departamento de Contabilidad Auxiliar del CES, mencionó a Diálogo Digital que el CES ha recibido premios por su excelencia administrativa, ya que han logrado trabajar sus estados financieros con un presupuesto que se ha disminuido notablemente.

“¿Es proporcional sacar al 50 por ciento de los empleados de un agencia que tiene 57 empleados? ¿Cómo es posible que a una agencia que no tiene doble función, porque nadie hace lo que hace el Consejo, le quiten 27 empleados?”, cuestionó la Directora Ejecutiva.

Y es que, tanto Abreu como Aponte, afirmaron que aunque le han reducido de un 40 a un 45 por ciento del presupuesto, nunca han cerrado con déficit ni han tenido un sobregiro.

“Con todos los recortes de presupuesto que ha tenido nuestra Oficina, nunca hemos tenido que botar ningún empleado”, sostuvo Abreu, quien añadió que por las cesantías ya han reducido 11 puestos y han tenido que reasignar las labores de 15 empleados, por lo que si tienen que despedir a 27 empleados más no tendrían quién adiestre personal nuevo.

De otra parte, el abogado laboral Frank Zorrilla explicó a Diálogo Digital que la Ley 7 de Emergencia Fiscal posee visos de inconstitucionalidad.

“Todo empleado público tiene derecho a saber por qué lo están despidiendo”, expresó. Sin embargo, “si le preguntas a cualquiera de los empleados despedidos, a ninguno se le ha dado detalles concretos para su cesantía”, más allá de las posiciones generalizadas de la JREF de cuadrar el presupuesto gubernamental con un déficit de 2 mil millones, recalcó.

Asimismo, Zorrilla, quien fuera secretario del trabajo y funcionario de la administración de Sila Calderón, indicó que es ilegal despedir a un empleado para subcontratar a otro. Esta es una de las políticas de reubicación que implementaría la JREF pues, y según explicó Abreu, “las agencias tienen que despedir al personal que la JREF dictaminó, para entonces que sea esta misma Junta quien sugiera el personal a recolocar en las posiciones cesanteadas”.

El abogado y la doctora en ciencias políticas coinciden que otra inconsistencia de la polémica ley de despidos es que nunca se explicó qué metodología se utilizó para escoger a las personas cesanteadas. Hay casos en que fueron recortados de sus funciones ambos padres de un núcleo familiar, así como mujeres embarazadas, madres solteras y hasta empleados que llevan 13 años laborando en el servicio público.

Hasta el momento el Consejo se ha negado a firmar y entregar las cartas de despidos. No obstante, la ley estipula que si los directores de las agencias no firman dichas misivas, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se haría cargo de las funciones administrativas y el Departamento de Hacienda de la contabilidad de la Dependencia.

A la pregunta de qué pasaría si tanto OGP como Hacienda tomaran el Consejo, Abreu suspiró y no dijo más.

¿Quiénes componen el Consejo de Educación Superior?

El Consejo de Educación Superior tiene una junta rectora que la componen 9 miembros. Su presidente es el doctor José Lema Moya, quien por su cargo sería el encargado de firmar las cartas de despidos de los 27 empleados. El profesor Lema fue ex presidente de la Universidad Interamericana y ex secretario de Educación bajo la segunda administración de Rafael Hernández Colón (1988-1992).

De estos 9 miembros, uno de ellos es el secretario de Educación en funciones, quien es un miembro ex oficio y no requiere de un nombramiento formal.

Hay cinco de los actuales miembros del CES que fueron nombrados por la pasada administración de Aníbal Acevedo Vilá, de los cuales cuatro de estos nombramientos vencen entre los meses de noviembre y enero, y uno ya venció. Hay dos vacantes, de miembros que no han sido nombrados por el ahora gobernador, Luis Fortuño.

Enlace: http://dialogodigital.com/es/node/2949

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