Posteado por: tucidides | 20 octubre 2009

Despidos en CES: En riesgo millones de dólares y calidad educación superior

Cándida Cotto

CLARIDAD

Ante la masacre del despidos de empleados públicos del gobierno de Luis Fortuño, en el Consejo de Educación Superior (CES) además de ponerse en riesgo $758 millones en fondos federales, está en peligro la calidad de la educación superior del país y la de los futuros profesionales.

En entrevista con este semanario la renunciante directora ejecutiva del CES, doctora Viviana Abreu Hernández, destacó la importancia de ese organismo y reiteró que los despidos dejarán inoperante esa agencia.

Abreu Hernández, graduada en Ciencias Políticas Internacional y Economía cuyo trabajo doctoral fue sobre los efectos de las políticas neoliberales en los países de América Latina, narró que hace tres años el Consejo se veía como un organismo regulador de la educación superior con poca relevancia sobre el desarrollo social y económico del país. Esa impresión, contraria a lo que la Junta de Directores del CES y ella consideran debe ser la del citado cuerpo, “debe establecer los marcos de la política pública de la educación superior y ser instrumento del estado para garantizar que los recursos humanos que se generen en Puerto Rico sean de calidad y competitividad internacional”. Con esa concepción produjeron cambios en la agencia que renovaron la división de investigación para que fuera instrumento de recolección de datos, de apoyo a la educación superior para el desarrollo de proyectos de apoyo al plan de desarrollo económico que tiene el país de una supuesta economía y sociedad del conocimiento, según ha dicho el propio Gobierno.

“Nos damos cuenta por la información que tenemos que las instituciones de educación superior en Puerto Rico tienen que ser más competitivas y que los egresados tienen que ser de la mejor calidad posible. Por eso promovimos el nuevo reglamento para el otorgamiento de licencias a instituciones de educación superior que propenda exigirle a las universidades mayores y mejores resultados de la gestión educativa”. Las nuevas exigencias, explicó, responden a estadísticas sobre las tasas de graduación de las instituciones de educación superior (IES) en Puerto Rico. Aunque Puerto Rico ocupa el quinto lugar entre los estados y jurisdicciones de Estados Unidos con un 18 por ciento de la población entre los 18 a 25 años matriculados en instituciones de cuatro años (a nivel sub graduado- primer nivel profesional graduado), es el número 48 con el por ciento de la población de 25 años o más con un bachillerato. Eso significa que aunque los estudiantes ingresan a una universidad, la mayor parte no se gradúa. “Eso nos dice que en Puerto Rico solo el 20.7% de las personas tienen un bachillerato o más. Eso no es en absoluto competitivo”.

Los datos estadísticos del CES revelan que la tasa de graduación no va con el crecimiento de las universidades en el país. De 1969 al 1970 Puerto Rico tenía una universidad pública con siete unidades, 4 instituciones privadas con 14 unidades; hoy hay 40 instituciones privadas y 87 unidades y todo el sistema público. “El crecimiento ha sido desproporcional porque aunque se tienen más instituciones no se gradúan más personas. Hay una relación inversa a la teoría capitalista. El capitalismo plantea que a mayor cantidad de productos en el mercado, baja el precio y aumenta la calidad. Eso puede ser con los celulares, pero en la educación superior no está pasando eso, mientras más instituciones hay son más caras y de peor calidad”, afirmó.

Abreu Hernández rechazó vehemente las declaraciones del Gobernador de que hay una doble función entre el CES y las acreditaciones.
“Aquí no hay duplicidad de tareas como plantea el Gobernador porque yo trabajo las universidades. El Gobernador dice que ya las universidades están acreditadas, la licencia es una cosa y la acreditación es otra. Todos los estados en Estados Unidos y todos los países tienen un proceso de autorización y reconocimiento del estado para que una universidad pueda operar. El estado crea un mecanismo que responde a cada país y a sus necesidades para que la institución opere, eso es una licencia. La licencia es el permiso que otorga el estado para que una universidad pueda matricular estudiantes y otorgar grados”.

“En el caso de Puerto Rico”, prosiguió, “el proceso de licenciamiento se da luego de una evaluación de criterios de calidad porque no estamos poniendo lechoneras, estamos poniendo universidades. La noción de que el proceso es burocrático es porque el Consejo tiene la salud del país en los estudiantes matriculados en enfermería, en esas universidades yo tengo la seguridad de los ingenieros, de los arquitectos, de los médicos… ¡Cómo me van a decir que el proceso de evaluación de calidad es burocrático si están diciendo que quieren hacer a Puerto Rico un país de turismo de salud. Quién los va a atender, qué enfermeras los van a atender”, manifestó en tono enérgico.

Se reiteró en la diferencia de que el licenciamiento responde a la determinación de cada gobierno de cómo quiere que sus instituciones operen y se supone que el Consejo es responsable por el interés público en cuanto a la educación superior. Destacó que el Departamento de Educación de Estados Unidos le exige al Gobierno de Puerto Rico que para poder recibir fondos federales tiene que decirle que la institución opera legalmente, eso no lo hace la acreditadora.

En el caso de la acreditadora aclaró que es una empresa privada que responden a sí misma. Los procesos de acreditación se dan cada diez años aunque a los cinco años puede haber una revisión. Ese proceso no le responde al país y ni siquiera son instituciones legalmente autorizadas para operar en Puerto Rico. “Son propósitos diferentes, una institución puede operar la vida entera sin acreditación pero no puede tener acreditación sin la licencia. No se pueden mezclar los procesos. El estado tiene que proteger el interés público y pensar en el bien común, si no hace eso entonces no hace falta el estado. Si esta administración no cree que sea importante velar por la calidad de la educación superior porque ya una entidad privada lo hace, pues entonces para qué sirve el Consejo. Lo que pasa es que la acreditadora no va a venir si no hay licencia”, reiteró la experta en la política neoliberal.

En peligro las becas de los estudiantes
La Directora del CES fue tajante en denunciar que en su empeño por ahorrase $954 mil anuales con los despidos, el Gobierno de Fortuño está poniendo en riesgo los $758 millones en fondos federales que se reciben de becas para estudiantes. Precisó que en la Isla se reciben unos $740 millones en Becas Pell y agregó que con las cesantías no habrá quien distribuya ese dinero, cerca de $25 millones en noviembre. Se trata de dineros para estudiantes ya identificados por las universidades como de mayor necesidad económica. “Esos 25 millones atienden a 79 mil estudiantes aproximadamente y el 80 por ciento de ellos tienen un ingreso de $19 mil o menos. Aquí hay pobreza y la beca pell no cubre todo, lo cubre en la UPR pero no en las otras universidades La mayoría de los estudiantes terminan con deuda al graduarse”.

La profesora Abreu Hernández cuestionó cómo el JREF hizo su análisis sobre los despidos para dejar esa agencia inoperante con apenas 30 empleados después del 6 de noviembre. Detalló por ejemplo que en la división de apoyo a la educación quedaron dos empelados, no quedarán estadísticos, ni “datas entry”, y que las asistentes de licenciamiento y acreditación se eliminaron todas. Agregó que la mayoría de esos empleados tenían 13.5 años de servicios. En fin, que no sólo los estudiantes se afectarán, sino también la capacidad financiera de todas las instituciones y la disponibilidad de nuevas ofertas académicas.

Aunque tanto Abreu Hernández como la Junta del CES se negaron en un principio a firmar las cartas de despidos, a mediados de la semana pasada decidieron firmarlas, según se informó, debido a la intransigencia del JREF de atender sus planteamientos y en consideración a que a los trabajadores se les podía agotar el término para solicitar las ayudas a los cesanteados. A raíz de ello su Directora Ejecutiva, su presidente doctor José Lema Moyá, y los directivos doctor Manuel Maldonado Rivera y doctor Eduardo Rivera Medina renunciaron a sus puestos efectivos al 21 de octubre.

“No puedo ver a mis empleados irse, recogiendo en una caja. Esto es profundamente injusto, antidemocrático y lo digo en mi carta de renuncia. No voy hacer parte de esto’, afirmó Abreu Hernández. “Lo interesante es que habiendo fracasado todas estas políticas de privatización en la América Latina aquí se estén implementando en el 2009”.

Sistema Ana G. Méndez no quiere educación de calidad

En una acción que pone en cuestionamiento su misión educativa, el Sistema Educativo Ana G. Méndez (SEAGM) demandó en el Tribunal de Primera Instancia el 4 de diciembre de 2008 al Consejo de Educación Superior (CES) con la intención de detener la aplicación del nuevo Reglamento de Licenciamiento de Instituciones de Educación Superior (IES).

La acción del SEAGM se dio a conocer en medio de revelaciones de las consecuencias que provocaran los despidos en el CES y ante las reiteradas denuncias de que ese sistema universitario presiona al gobierno de Luis Fortuño para apoderarse mediante la privatización de varios recintos del sistema público de la Universidad de Puerto Rico (UPR). La directora del CES, doctora Viviana Abreu Hernández, confirmó que el SEAGM acudió al Tribunal un día antes de que fuera aprobado el nuevo reglamento por el Departamento de Estado, el 5 de noviembre de 2008 y que entró en vigencia el 16 de marzo de este año.

Ese nuevo reglamento requiere de las instituciones una mayor inversión para cumplir con sus tareas educativas. Según se reveló, Ana G Méndez reclamó en el Tribunal que dicho reglamento le ocasiona daño económico irreparable y que las exigencias son ilegales y onerosas. Objetaron además contratar facultad a tiempo completo, tener recursos bibliográficos para los programas de estudio, hacer un análisis de las tasas de graduación de la institución, (es conocido entre las comunidades universitarias que este sistema tiene el menor promedio de estudiantes graduados), tener un plan de desarrollo de la facultad y ofrecer cursos remédiales en programas en donde haya una política de puertas abiertas.

La directora del CES llamó la atención en el sentido de que si una institución académica admite estudiantes con criterios mínimos, tiene que ofrecer herramientas para que se puedan graduar exitosamente. Ana G Méndez llevó el caso ante el Tribunal Apelativo (TA) debido a que el TPI desestimó la demanda. En tanto, el reglamento sigue vigente ya que ninguno de los dos tribunales ha detenido su implantación.

Fuente: http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=54C8EFCE304856266FF0C90D7056731B

Anuncios

Categorías

A %d blogueros les gusta esto: