Posteado por: tucidides | 24 marzo 2010

Eliminemos la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico

Por: Luis Dómenech Sepúlveda

Catedrático Jubilado UPR-Cayey

Hace algún tiempo importantes sectores de la comunidad universitaria plantearon la alternativa de eliminar la oficina del presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no solamente por las economías que ello representa, sino también, por su alto nivel de politización, centralización, burocracia y por la obstrucción que ello representa para la verdadera autonomía y desarrollo académico de los 11 recintos del sistema. Ante la actual crisis presupuestaria de la institución, nos hacemos eco de dicho clamor y proponemos la creación de una Junta de Rectores bajo la supervisión de la Junta de Síndicos y asesorados por la Junta Universitaria y los Senados Académicos de cada recinto. Ello implica mayor democratización y participación en todos los recintos. En todo caso, la Universidad descentralizada debe resultar mucho más efectiva que el actual régimen de centralización y anacronismo institucional.

El puesto del presidente surgió como resultado de la Reforma Universitaria de 1966 con el propósito, según observadores universitarios, de distanciar a Jaime Benítez del férreo control que éste ejercía como rector de Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas. Desde entonces, la UPR se ha multiplicado con 9 presidentes, 11 recintos, 65,000 estudiantes y una Junta de Síndicos de 13 personas. La oficina del Presidente le cuesta a la UPR alrededor de 200 millones anuales en gastos de representación, gastronomías exóticas, gastos superfluos, salarios exorbitantes y funciones administrativas que pueden ser realizadas por los rectores.

Dicha partida presupuestaria debe ser transferida a los rectores para fortalecer los programas académicos, la oferta de verano, investigaciones, reclutamiento de profesores, becas, ayudas económicas y beneficios marginales en los 11 recintos de la Universidad. Si a esa partida le añadiéramos los más de $100 millones que le adeudan las aseguradoras de los planes médicos a los dos Hospitales Universitarios, de seguro superaríamos el actual déficit de 200 millones de la Universidad. Naturalmente, el déficit anunciado por el propio presidente augura cesantías, reducción de programas académicos, reducción de beneficios estudiantiles y derogación de derechos adquiridos, entre otros efectos. Probablemente, estamos en la antesala de la nefasta Ley # 7 que tantos traumas emocionales le han causado al pueblo de Puerto Rico.

La eliminación de la Oficina del Presidente trasladando todas sus funciones a los rectores debe constituir un importante paso de democratización y Reforma Universitaria para el pleno desarrollo académico y administrativo de todos los recintos. Es hora ya de una nueva Reforma Universitaria a la altura de los tiempos y a la luz de las realidades de cada una de las unidades que conforman la Universidad de Puerto Rico.

Fuente: Por una universidad pública, de calidad, democrática, justa y participativa (Facebook)

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