Posteado por: tucidides | 22 abril 2010

La crisis universitaria

21 Abril 2010

La situación en la Universidad de Puerto Rico nos afecta a todos. Incide en todos sus componentes internos.

EFRÉN RIVERA RAMOS

CATEDRÁTICO DE DERECHO

La situación en la Universidad de Puerto Rico nos afecta a todos. Incide en todos sus componentes internos. Externamente, impacta a los egresados, a los familiares de los estudiantes actuales y futuros, a los patronos potenciales, a la administración pública, a los consumidores de bienes y servicios, a los sindicatos, en fin, a la sociedad y economía toda del país. No se puede ser indiferente, pues, a lo que ocurre en nuestro primer centro docente. Tampoco pueden reducirse sus dificultades a las amenazas ocasionales de huelgas y paros, a veces irreflexivos e innecesarios, pero otras producto de problemas que no logran atenderse adecuadamente.

En la coyuntura actual no debe perderse de vista la causa inmediata del descontento. Repasemos. El financiamiento básico de la UPR procede, por un lado, de recaudos que la propia institución genera por el cobro de la matrícula y otras actividades y, por otro, de las asignaciones que recibe del Estado.

Éstas últimas se computan aplicando una fórmula dispuesta por ley que le destina a la UPR el 9.6% de las rentas ingresadas al Fondo General del Estado Libre Asociado. Se trata de un pacto generoso entre el pueblo de Puerto Rico y su universidad pública que le ha permitido a ésta alcanzar sus conocidos niveles de excelencia.

El monto total que recibe la UPR cada año no depende tanto del porcentaje aludido, como de la base de recaudos del Estado que se utiliza para computar la cuantía correspondiente. Pues bien, al amparo de la crisis fiscal decretada por el Gobierno, el año pasado la Asamblea Legislativa decidió reducir la base sobre la cual aplicar el 9.6%. Lo hizo a través de la famosa Ley 7. Dictaminó que parte de los ingresos del IVU, que se contaban para el cálculo de la base, ya no se incluirían en el cómputo correspondiente a la UPR. También excluyó de esa base todos los recaudos nuevos que se generaran por las medidas tributarias adoptadas en la Ley 7.

La administración de la UPR estimó que esas disposiciones le representarían a la institución una merma de cerca de trescientos millones de dólares en los próximos dos años. Para compensar esta pérdida se acudió al plan del presidente Obama conocido como los fondos ARRA. Para el 2009-10 se le asignaron a la UPR $105 millones de esos dineros. Pero para el año académico que viene el Gobierno redujo la cantidad a 14.8 millones, una contracción muy sustancial. Se ha estimado que todo ello habrá de dejar la UPR expuesta a un déficit neto de unos $169 millones para el año académico 2010-11.

Esta reducción ya está teniendo consecuencias en la institución. Se empiezan a afectar los estudiantes y el personal administrativo. Pero, a la luz de las decisiones preliminares que se han informado, parece que el peso mayor recaerá sobre sus claustrales. Se han congelado sus aumentos salariales. En el Recinto de Río Piedras se han suspendido las sabáticas, las licencias de estudios, los ascensos en rango, las descargas para investigación y otras actividades universitarias, los viajes a congresos y seminarios para presentar trabajos académicos y otros apoyos imprescindibles para el desarrollo profesional de los docentes y el adelanto de sus proyectos académicos. De mantenerse, estas medidas tendrán un efecto detrimental en la calidad de la actividad académica de la institución que costará mucho revertir.

La situación ha generado nuevas fuentes de tensión. Los estudiantes, claustrales y no docentes comenzaron a manifestar sus reclamos. Los administradores intermedios (directores de departamentos, decanos, comités de personal y otros) tienen la presión de implantar una política en cuya confección no han participado y que les ocasiona fricciones con sus colegas inmediatos.

La alta dirección universitaria se siente obligada a reaccionar al descontento defensivamente. En fin, una receta para el conflicto interno. Todas ellas son buenas razones para que la comunidad universitaria reclame al unísono que se reviertan las decisiones fiscales sobre la UPR tomadas recientemente.

Fuente: http://www.elnuevodia.com/columna-lacrisisuniversitaria-689305.html

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