Posteado por: tucidides | 24 abril 2010

Presidencia de la UPR ¿para qué?

ANTONIO MANSILLA TRIVIÑO

CATEDRÁTICO DE LA UPR JUBILADO
23 Abril 2010
Recientemente se ha planteado el tema de la posible eliminación de la estructura administrativa de la Presidencia de la UPR.

Recientemente se ha planteado el tema de la posible eliminación de la estructura administrativa de la Presidencia de la UPR. Dada la situación de la supuesta “grave” crisis por la que atraviesa la Universidad, entiendo que es el momento oportuno para reanudar la discusión.

Este asunto ya fue objeto de debate a finales de los años ochenta y durante la década de los noventa en el seno de la CONAPU. La discusión debe girar sobre la necesidad de esta estructura administrativa para el buen funcionamiento de la UPR.

Las estructuras de poder, por voz del presidente de la UPR recién nombrado para dirigir la institución, proclaman en forma trágica la severa crisis económica por la que atraviesa la Universidad.

Para atajar dicha situación proponen severos recortes presupuestarios dirigidos principalmente a la nómina de profesores y empleados no docentes. Incluso sugieren el aumento en los costos de la matrícula de los estudiantes. Dichos recortes también afectarían severamente los diversos programas académicos, que son el objeto fundamental de la Universidad.

Sin embargo, quedan intactos en sus planes los jugosos sueldos de la presidencia, de sus ayudantes y consultores con sus respectivas tarjetas de representación. El presupuesto destinado a mantener esta estructura administrativa gira alrededor de los $200 millones.

El planteamiento que los universitarios debemos hacernos es si actualmente es necesaria dicha estructura administrativa, con un gasto tan descomunal en el presupuesto general de la UPR. Para empezar, hay que cuestionar el origen histórico de la creación de la presidencia. Es precisamente la historia como “magistra vitae” la que nos brindará razones suficientes para entender lo referente al origen de esta estructura administrativa.

Conocemos los intereses particulares y políticos que motivaron su creación. Por esta razón, la presidencia ha servido de instrumento político para poder controlar este centro tan sensitivo e influyente en la sociedad puertorriqueña. De ahí, la guerra que se desata cada vez que se da un cambio en las estructuras de poder por poner al frente de la Universidad la persona más idónea a sus intereses partidistas.

El presidente elegido tratará de implantar, en franca violación al principio de autonomía, las pautas que le fueron encomendadas por el poder político, que en última instancia fue el que lo instaló en la silla presidencial.

Los universitarios han escenificado en distintas épocas diversas clases de luchas y huelgas.

La única razón no ha sido otra que defender la auténtica autonomía universitaria, ambiente esencial para que la Universidad pueda realizar su verdadero propósito: una universidad del pueblo y para el pueblo. Porque, como se expresaba Carlos Fuentes recientemente en el Recinto de Río Piedras: “En la Universidad no está lo que sobrevive, sino lo que está vivo y lo que está por nacer”.

Se ha sugerido como alternativa una junta de rectores que, sin el complejo mecanismo burocrático, podría guiar en forma unitaria el rumbo de la Universidad.

¿Quién mejor que los rectores tienen la oportunidad de conocer los problemas y las necesidades de sus propios recintos?

El exorbitante presupuesto de $200 millones, que actualmente se le asigna a la presidencia, se traspasaría al presupuesto general de la Universidad. Con esta acción ayudaría a remediar la crisis que atribuyen a la misma.

Incluso esta decisión estaría conforme con el espíritu de la “famosa” Ley 7, tan nefasta para los sectores de los empleados públicos del país.

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