June 2, 2010
Por: Javier Arbona
De: Especial para Diálogo
Para identificar a qué huele lo que uno tiene debajo de las narices, hay que saber la gama de olores que existe. En tiempos de recortes al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, ¿qué puede revelar un repaso de los presupuestos y los aumentos en las matrículas en otra gran universidad pública, la del estado de California en los Estados Unidos?
La Universidad de California (UC) abrió sus puertas en el año 1868. Hoy día es un sistema colosal con diez recintos de educación subgraduada, graduada y de investigación avanzada. UC le ofrece cursos en alrededor de 150 disciplinas académicas a 228,000 estudiantes. Bajo la supervisión del Presidente Mark Yudof y una Junta de Síndicos, UC maneja laboratorios de investigación al servicio de la nación americana, incluyendo el famoso Los Álamos (Nuevo México), donde en la década del 40 ayudaron a inventar al bomba atómica. Como si fuera poco, también corre cinco centros médicos (y otros más en camino) que incluyen ocho hospitales de cuido intensivo y dos hospitales siquiátricos.
La UC tiene un presupuesto anual que sobrepasa los $20 billones. En el año fiscal 2009 pagó $650.8 millones en el servicio de su deuda externa, la cual en total comúnmente sobrepasa los $8 billones. La agencia calificadora de bonos Fitch avaló este pago como «very manageable» en su informe del 26 de mayo del 2010. Todo parece favorable.
Sin embargo, para el verano del 2009, el Presidente Yudof—un individuo que resume su carrera en la educación como un «accidente» (pensaba ser abogado)—le pidió a la Junta de Síndicos poderes de «emergencia fiscal extrema» (PDF) y ellos se los otorgaron.
Bajo sus nuevos poderes de emergencia fiscal, Yudof ordenó a los rectores a cortar divisiones académicas y trabajos de mantenimiento, como también obligó a profesores y a empleados no-docentes a tomarse licencias sin sueldo. Yudof además añadió nuevas cuotas para programas profesionales como salud pública, administración, leyes y arquitectura. Los recintos cerraron bibliotecas en los fines de semana. Bajo el régimen de austeridad, la administración del recinto de Berkeley eliminó una subvención modesta a estudiantes de bajos recursos para el cuido de niños.
En un estado que tanta riqueza ha acumulado gracias a su agricultura industrializada, quieren hasta subastar el archivo de recursos hidráulicos con sede en Berkeley. En mi propio departamento de geografía, está claro que la clase entrante en el otoño del 2010 de estudiantes doctorales recibirá menos cantidad de becas y puestos de ayudantes de investigación y de cátedra.
Pero sobretodo, la gota que colmó la copa fue la subida de 32% en la matrícula, la cual ahora asciende a más de $10,000 anuales y socava el sentido de una educación «pública». El costo de la matrícula anual se ha incrementado por más de 100% en quince años y ni hablar de los costos adicionales, como una computadora, necesidades que antes no existían.
En 1990 los impuestos del estado de California cubrían un 75% del costo de educar a una persona. Para el año 2009, el porcentaje había bajado a 56% (PDF). Y seguirá bajando porque el estado de California convalece bajo el hangover de una histórica Fiesta del Té: la revuelta populista estatal del 1978 llamada Prop 13 que fija los impuestos a la propiedad.
Parecerá insólito pero en San Francisco, los herederos de la fortuna petrolera Getty pagan solamente $67,611 en impuestos anuales sobre una propiedad que tiene un valor estimado en el mercado actual de más de $45 millones. Según se reporta, los Getty pagan más o menos un 12% del total que pagarían en impuestos sobre la propiedad si hubieran comprado su residencia en el 2010. Dicho sea de paso, fue en esta mansión imponente de la llamada costa dorada de la ciudad que Barack Obama se sentó a comer para recaudarle fondos a la Senadora Barbara Boxer ($17,000 por plato si quería acompañarles). El Old Money del estado con las propiedades más señoriales se aferran a una verdadera ganga, por lo cual cada día los demás aparentemente nos vemos obligados a celebrar una «venta de cierre» de los bienes comunales.
Lo que agrava la situación más todavía es que los presupuestos del estado tienen que aprobarse por mayoría de dos terceras partes en vez de una mayoría simple, una condición que permite que un ‘tercio más uno‘de los legisladores estatales bloqueen cualquier decisión que busque redistribuir de forma más equitativa los impuestos del estado. Muchos estamos cansados de repetirlo, pero sigue siendo cierto: la economía del estado de California por si sola está entre las diez más grandes de todo el planeta. Sin embargo, es una economía donde ahora mismo se invierte un 11% del presupuesto en prisiones versus un 7.5% en la educación superior.
Aparte de que a algunos le pueda parecer disparatado cortarle el pescuezo a la gallina que puso los huevos de oro, las repercusiones de la transposición de los costos educativos del estado al individuo van más allá de las oportunidades económicas que se le coartan a los estudiantes. El plan maestro de educación superior de 1960, una legislación histórica, además de vanguardista en su apuesta al futuro, disponía la provisión de una educación superior para todos los jóvenes californianos, incluso aquellos cuyos padres quizás marchaban junto a César Chávez o Martin Luther King a favor de mayores derechos sociales. El efecto neto de la «emergencia» actual es la interrupción de los adelantos sociales en un territorio que muchos entienden se desarrolló sobre las espaldas de las minorías, desde aquellas que construyeron las vías del ferrocarril hasta aquellas personas que recogen las fresas. Para algunos estudiantes, la importancia de defender la educación pública sobrepasa los beneficios que pueda tener el aplanar un poco el campo de juego. También garantiza sus derechos civiles y protege la igualdad social.
En los últimos dos semestres en California se ha vivido una intermitente huelga que ha despertado recuerdos de los años sesenta. Pero más allá de las semejanzas superficiales—como la pronta respuesta violenta a la que la administración estuvo lista para desplegar—los eventos de estas temporadas que han sacudido tanto recintos como reuniones de los síndicos tratan de proteger la educación misma, algo que no estaba en juego antes.
Por acá hemos visto: ocupaciones de edificios en Santa Cruz, Los Ángeles, Berkeley, y Davis; marchas al capitolio en Sacramento; sleepovers en las bibliotecas cerradas, y más todavía. Como en Puerto Rico, los jóvenes han dado cátedra en comunicaciones digitales y sátira, sorprendiendo a los bien-pagados consultores en relaciones públicas de la universidad cuyo mensaje no parece calar muy hondo. El Public Policy Institute of California, un centro independiente de investigación politóloga, encontró que el electorado tiene muy poca fe en que el gobierno de Arnold Schwarzenegger pueda mejorar la situación actual (y es el gobernador quien nombra la mayoría de los síndicos y firma presupuestos estatales). Paradójicamente, aunque no debe sorprender, tanto los candidatos actuales republicanos como demócratas al puesto del gobernador apoyan el estatus quo de impuestos bajos. Ya que ambos partidos parecen querer proteger la estructura existente, el estado de emergencia será permanente.
Entre una cosa y otra, son los menos privilegiados los que más sienten el dolor de las alzas en la matrícula, pero repito que va más allá del dolor en la cartera. En el recinto de San Diego, la pequeña matrícula de estudiantes negros no guarda proporción con la población negra del condado (ni la del estado completo). La falta de presencia de este grupo en el recinto probablemente esté relacionada con la lamentable facilidad con la cual se registran incidentes escalofriantes de racismo. Podrá parecer que el discrimen racial no tiene relación con la emergencia fiscal, pero la lucha por la dignidad de los estudiantes se vincula necesariamente con tener que también probarle a los más poderosos que los efectos nefastos de la creciente marginación económica exacerban el racismo.
En Berkeley, el semestre acaba de cerrar con una huelga de hambre de diez días mayormente protagonizada por estudiantes Latinos. Los huelguistas le exigían a la administración, entre otras cosas, que restauraran los empleos de conserjes despedidos, que se redujeran o eliminaran los cargos contra estudiantes castigados por ejercer sus derechos en protestas anteriores, y que la administración se comprometiera a no colaborar con la deportación de personas afiliadas a la institución. Sólo consiguieron una condena simbólica del rector en torno a la ley anti-inmigrante de Arizona.
El próximo año académico promete ser otro agitado. Entre varios asuntos, la unión de estudiantes graduados le toca negociar su contrato como asistentes de cátedra con la UC. Mientras tanto, la unión de los 6,000 postdoctorales todavía no tienen un contrato. Por esto un Representante de California a la Cámara en Washington, D.C., George Miller, quien preside el comité que supervisa educación y asuntos laborales, condenó fuertemente al Presidente Yudof en una carta.
Con la historia que hasta este punto se muestra, podrá parecer que la crisis económica obliga a las medidas de austeridad. ¿Pero por qué la emergencia fiscal de Yudof? Lo que voy a presentar ahora es el panorama al cual nos enfrentamos en California. Toda semejanza a lo que ha pasado o pueda suceder en Puerto Rico se tendrá que ver luego de más investigación minuciosa de la UPR, su Presidente y la Junta de Síndicos. Por otro lado, no se pretende aquí diagnosticar a la UPR por parte de un observador a distancia. Pero la experiencia de California podría sugerir preguntas sobre lo que está pasando en Puerto Rico y le toca a la prensa o a otros perseguir las pistas.
El esquema en California parece ser uno en el que las matrículas ascendentes van a la par con un creciente portafolio de deudas manejadas por un ejército de administradores. ¿Y los síndicos, qué han hecho para prevenir la crisis? Pues lo opuesto. Se han enriquecido, tal parece, aunque muchas de las finanzas están bastante borrosas.
A algunos nos parece problemático que el mismo Yudof, en medio de la emergencia, tenga la cara de tratar de justificar en entrevista con el New York Times que la universidad le provea un apartamento en Oakland al son de $10,000 mensuales. Sí. Así mismo. $120,000 al año encima de su salario base de $540,000 (El pobrecito se sacrificó cogiendo un recorte ascendente a $60,000 al año). Pero hay que recordar que Yudof solamente hace lo que se le paga muy bien por hacer. Responde a otros más arriba.
Conozcamos a los Síndicos de la Universidad de California. Entre otros, hay dieciocho síndicos nombrados por el gobernador a servir por términos de doce años y un repaso de sus biografías evidencia los lazos estrechos que tienen con las grandes corporaciones y los fondos de retiro del país. No vamos a pasar lista y hablar de cada cual porque tomaría meses. Pero vale la pena brevemente hablar de uno o dos.
El presidente de esta junta es un señor llamado Russell Gould. Su trabajo anterior era servir como Vice Presidente del banco Wachovia, un banco mal-administrado y corrupto que por poco colapsa si no fuera porque el gobierno orquestó un matrimonio arreglado con Wells Fargo. El hecho mismo de tener a esta persona en la junta es o para reír o llorar. Explica hasta cierto punto el desmadre económico que vive la UC.
Como Gould no parece estar en control, se rumora que trasbastidores quien realmente corre esta junta es otro síndico: Richard Blum, un capitalista empedernido, nombrado por el anterior gobernador Gray Davis. Esposo de la senadora demócrata Dianne Feinstein. Multi—pero multi—millonario. Sus empresas y lazos como inversionista lo atan a contratistas militares, casinos en las reservas de las tribus nativo-americanas (las cuales se benefician del favor de la senadora por conceder sus permisos), y curiosamente, se dice que a las universidades virtuales—un modelo el cual las universidades públicas como la UC se ven considerando adoptar para mitigar los cortes del estado. ¿Será coincidencia?
Las compañías en las que Blum ha estado envuelto incluyen empresas llamadas Perini, URS, y una subsidiaria de Perini nombrada Rudolph & Sletten. ¿Qué hacen estas compañías? Como reveló el periodista Peter Byrne, una vez Blum se hizo síndico, estas corporaciones guisaron con contratos de construcción con la universidad. En conjunto, estas entidades se han responsabilizado por construir hospitales, dormitorios, comedores y laboratorios.
Byrne descubrió que URS no solamente recibió un contrato millonario de planificación con Berkeley, sino que para todos los efectos se auto-otorgó el contrato de mejoras y de construcción que la misma fase de planificación recetó. Entre otros proyectos que se llevan a cabo al día de hoy están la expansión de la escuela de negocios en Berkeley (alma mater de Blum) y del estadio de fútbol. Aquí el dinero se lava legalmente. Blum y su esposa Feinstein se botan donándole a la universidad. El nuevo edificio de negocios albergará el centro de investigaciones de economías en vías de desarrollo bautizado ‘Richard C. Blum’.
Ahora, podríamos decir que aquí no hay nada nuevo. Las juntas son un club de inversiones. Sus miembros privilegiados se ayudan mútuamente. Pero ahora es que viene la coyuntura de los síndicos con las matrículas en el estado de California. Algo que aprendí como estudiante en Berkeley el año pasado fue el resultado de una investigación que llevó a cabo el Profesor Bob Meister de la UC Santa Cruz. Meister, en plena crisis, indicó que los bancos y las agencias calificadoras veían con buenos ojos los aumentos en la matrícula porque éstos garantizan la emisión de bonos de construcción. La matrícula, dijo Meister, le sirve a UC como colateral para seguir emitiendo bonos. Los fondos públicos no se pueden usar como colateral, pero los fondos de matrícula sí.
El nuevo informe de Fitch citado al principio y al cual ahora nos referiremos comprueba el argumento de Meister. Este informe nota que en UC se aumentaron los fondos no-restringidos en el presupuesto, a pesar de la crisis, de $8.2 billones en el año fiscal 2008 a $8.4 en el año fiscal 2009. ¿De dónde apareció más dinero?
En realidad no son los síndicos los que tienen la última palabra. Es Wall Street. ¿Cómo es posible que estemos en una emergencia y a la misma vez la acreditadora le acabe de otorgar un rating de AA+, «outlook stable», a la UC? Para Fitch, «UC’s ability to sustain solid liquidity levels despite its sizable research expenditures, increased financial leverage, and volatile stateeconomy is reflective of its strong management team and disciplined financial management practices.» Es decir, ‘los premiamos, señoras y señores de la administración, por sus medidas de austeridad y su equipo financiero tan excelso.
Continúa Fitch: «During fiscal 2010, UC took the necessary budgetary measures needed to improve and stabilize operations, including employee furloughs and layoffs, as well as two mid-year tuition increases. It is Fitch’s expectation that these actions will improve operations over the near term and restore UC’s operating margin to at least a break-even level of performance». Es esto último lo que justifica la emergencia. La administración central se agranda y agranda con su presidente, sus rectores, y los vices con salarios en los cientos de miles, administrando los fondos prestados y empujados como droga de Wall Street. Mientras tanto, los empleos unionados se reducen a través de despidos que las acreditadoras de Wall Street premian. Se agranda la administración con más y más contables, cabilderos, gerentes, técnicos, relacionistas públicos, abogados y demás supervisores de supervisores. Como nos dice Bob Samuels, presidente de una unión de bibliotecarios, en UC la administración central se duplicó en diez años. La matrícula subió más de $7,000 en el mismo periodo. Mientras tanto, la facultad creció un 25%, claramente sin mantener el paso del crecimiento de la administración. (¿Quién se supone que apoye la labor de quién aquí?)
¿Y qué sucederá cuando el estado, aquella entidad que también se tiene que regir por las órdenes de las acreditadoras, le reduzca más todavía los fondos a la universidad? Pues: «Furthermore, Fitch would expect UC to take additional, appropriate action, with the potential for tuition and fee increases, if required in the event of further state funding reductions and/or a deterioration in balance sheet resources.» Traducción: Suban la matrícula otra vez. Y así es que se privatiza una universidad paso a paso. A tomates no huele—sino a dinero acabado de imprimir.
Javier Arbona
Estudiante doctoral del Departamento de Geografía, Universidad de California en Berkeley.
Fuente: http://dialogodigital.com/es/upr-extramuros/2010/06/aquella-matricula-que-no-paro-subir
Asociación Estudiantil de Historia 